El enfoque de género también fue parte del intercambio
Expertos del BID y Ciedur analizaron la interrelación entre los sistemas de cuidados y la seguridad social
10 de Diciembre de 2020
La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) realizó en la tarde del miércoles 9 de diciembre el webinar “Desafíos de la Longevidad”. Uno de los temas analizados fue el de los sistemas de cuidados, su interrelación con los sistemas de seguridad social, y su dimensión de género. Para ello, se contó con las exposiciones destacadas de Pablo Ibarrarán, Especialista Líder de la División de Salud y Protección Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Soledad Salvador, Secretaria Ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay (Ciedur).
Ibarrarán destacó que el 11.5% de las personas mayores de 65 años en Uruguay necesitan apoyo para la realización de sus actividades de la vida diaria (como comer, vestirse, o bañarse, por ejemplo), porcentaje que aumenta al 24% entre los mayores de 80. El envejecimiento acelerado de la población que experimenta Uruguay implica que la demanda por servicios de atención a la dependencia incrementará significativamente. Esto es, cada vez más y más personas demandarán servicios de cuidados.
Tradicionalmente, estos apoyos han sido brindados en el seno de la familia, particularmente por las mujeres, lo cual repercute considerablemente, no solo en su salud física y emocional, sino también en sus posibilidades de lograr la autonomía económica. En este sentido, el especialista recalcó las ventajas de contar con un sistema de cuidados fuerte para dinamizar el mercado de trabajo, al argumentar que de esa forma se lograría, por un lado, liberar tiempo a las mujeres, facilitando su inserción laboral y, por otro, generar empleo de calidad, aumentando los niveles de formalización en el sector. Desde este punto de vista, el desarrollo de un sistema de cuidados tiene impactos positivos en la seguridad social, al aumentar la base de cotizantes.
Ibarrarán fue enfático al reconocer que Uruguay no parte de cero en este tema: el país fue pionero en la región y ha hecho notables avances en la construcción de una política de cuidados, en plasmar el tema en la agenda social, y en la construcción de sus instituciones. Sin embargo, también reconoció la necesidad de seguir avanzando. Comparó los desafíos actuales de Uruguay con los desafíos que enfrentaban países más desarrollados al momento de implementar sus sistemas de cuidados: un elevado porcentaje de personas de 65 años y más, altos niveles de esperanza de vida, bajas tasas de fecundidad, disminución del tamaño de los hogares, y una participación laboral femenina que, si bien ha aumentado en las últimas décadas, aún tiene espacio para seguir creciendo. Pero también distinguió la existencia de condiciones favorables, que hacen deseable y posible pensar en seguir desarrollando el sistema de cuidados en el país: una amplia cobertura de pensiones y un acceso efectivo a los sistemas de salud, así como un consenso social sobre la necesidad de contar con servicios de cuidados fuertes y de calidad.
La economista Soledad Salvador, por su parte, se concentró en la dimensión de género del sistema previsional uruguayo. Afirmó que “las mujeres financian el sistema de seguridad social con su trabajo no remunerado”. Esto, lejos de ser reconocido, las perjudica. Salvador destacó tres consecuencias de la carga desigual del trabajo no remunerado en las mujeres: muchas quedan fuera del mercado laboral, viendo socavada la posibilidad de generación de ingresos y accediendo solo a pensiones mínimas en la vejez, su participación en el mercado laboral es intermitente, llevando a bajas densidades de cotización y a una pérdida de ingresos potenciales, y en otros casos, las mujeres incluso optan por insertarse en el mercado laboral informal, para poder facilitar la compatibilización entre trabajo remunerado y no remunerado.
Al igual que Ibarrarán, Salvador destacó los avances de Uruguay, esta vez en términos de flexibilización al acceso de jubilaciones, y el cierre de las brechas de género en el valor de estas, pero aseveró que ninguno de estos cambios ha logrado compensar la pérdida de ingresos de las mujeres durante la vida activa. La investigadora sustentó estas afirmaciones con datos que muestran que, si bien durante los últimos años, en promedio, la brecha en el acceso a las jubilaciones entre hombres y mujeres ha disminuido, este promedio esconde situaciones muy heterogéneas: la diferencia entre géneros disminuye para las poblaciones de más altos ingresos, pero en los demás estratos socioeconómicos este no ha sido el caso. Además, existen diferencias considerables entre sexos cuando se observan no solo los montos jubilatorios, sino las tasas de reemplazo (relación entre el ingreso como activo y al momento del retiro) a las que se puede acceder.
Para finalizar, Salvador realizó una serie de propuestas, entre las cuales destacó la necesidad de incluir el financiamiento de los cuidados como parte de la matriz de protección social del país, a través de un seguro para recibir cuidados cuando se ingresa en situación de dependencia. Planteó, además, la necesidad de financiar licencias laborales ante el “riesgo” de que surja la necesidad de brindar cuidados durante la vida activa, ya sea a niños o a adultos dependientes. Respecto a este último punto, hizo hincapié en la necesidad de tener un esquema de licencias para el cuidado más flexible que el que existe actualmente (por ejemplo, diferenciando respecto a la edad de los hijos).
