Especialistas internacionales plantearon posibles caminos hacia la reforma del sistema previsional uruguayo, en una conferencia virtual organizada por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).

Promover igualar las condiciones de beneficios y obligaciones entre los distintos regímenes o unificarlos, crear una entidad que regule y supervise el sistema, elevar la edad mínima de jubilación y generar una cobertura e ingreso mínimo garantizado fueron algunas de sus recomendaciones.

Respecto a las diferencias existentes entre los diversos sistemas, el principal —conformado por el BPS y las AFAP—, las cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales, y los servicios de retiro militar y policial, Guillermo Alves, Economista Principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF, afirmó que “hay que avanzar a un régimen unificado que permita al país tener ganancias de escala, de eficiencia y también de equidad.

En ese sentido, Guillermo Montt, Especialista Principal en Protección Social de OIT para el Cono Sur, propuso que las cajas paraestatales complementen a los aportes hechos al sector público, es decir: ir hacia una “homogenización de parámetros” para eliminar una fuente de inequidad y pensar que los subsistemas sean un “complemento”. En este esquema, todos los trabajadores aportarían primero al BPS y lo aportado a la caja respectiva sería complementario.

En tanto, Ignacio Apella, Economista para Protección Social y Trabajo del Banco Mundial, sostuvo que hay “grandes heterogeneidades” dentro del sistema y propuso implementar una “estrategia orientada a armonizar contribuciones y definición de beneficios”. 

Además, explicó que los regímenes se tienen que enfocar en el trabajador y no en la ocupación porque hay trabajadores de la misma ocupación con diferente exposición al riesgo. En esa línea, destacó que la fragmentación del sistema también está caracterizada por una “gran discusión” vinculada al retiro de las Fuerzas Armadas. En ese caso, así como en el de otros trabajadores que deben retirarse cuando caduca su ocupación, Apella reflexionó: “Más allá de pensar en un retiro diferencial, temprano con beneficios altos, se requiere del apoyo para poder permitir la transición al mercado laboral”, dijo. Esto, a su entender, implicaría un acompañamiento que le permita al trabajador mantener los ingresos durante un cierto tiempo y capacitarse para desarrollarse en otras ocupaciones.

Por su parte, Mariano Bosch, Jefe interino y Especialista Principal en la División de Mercados Laborales del BID, señaló que la fragmentación del sistema, con regímenes “particulares para distintos ciudadanos” y con “condiciones y derechos muy diferentes”, genera un “reto para la equidad del sistema“.

Bosch también indicó que es preciso “tener una administración más eficiente” y un supervisor que brinde una “visión conjunta del sistema”. Y planteó la creación de instituciones que “monitoreen continuamente” al sistema de pensiones, que elaboren informes periódicos y que comuniquen a la ciudadanía cuáles son los retos que no se pueden posponer.

En el mismo sentido, Montt propuso conformar un “Consejo de Seguridad Social que le dé gobernanza al sistema como un todo”, en el que estén representados los trabajadores, los empleadores, los pensionados y jubilados, y también los ministerios involucrados en los sistemas de pensiones.

Sobre la posibilidad de elevar la edad de jubilación, Alves estableció que, en la comparación internacional, Uruguay “tiene una edad mínima de retiro que luce baja”, y añadió que debería aumentar de manera “gradual”, procurando que sea la misma en todo el sistema.

Apella también opinó sobre este tema y dijo que “el aumento de la edad de retiro es deseable”, pero no solo para asegurar la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones, sino porque permitiría “extender el bono demográfico” y “favorecer el crecimiento económico”.

Montt, por su parte, expresó que considerar cambios paramétricos es “normal” porque los sistemas previsionales son “dinámicos” y “abiertos”, y necesitan ajustes para “mantenerse estables”. En ese sentido, agregó que “se pueden generar oportunidades para retrasar la edad de retiro efectiva”. Y ese cambio, considera, tiene que estar acompañado de políticas laborales y de empleabilidad orientadas a las personas mayores.

La generación de una pensión básica de carácter no contributivo fue otro de los asuntos tratados en la conferencia. “Cualquier reforma, cualquier mejora de un sistema de pensiones tiene que partir de que todos los ciudadanos a la hora de alcanzar la edad de jubilación tienen que estar protegidos, al menos por un (ingreso) mínimo”, sostuvo Pablo Antolín, Economista Principal de la Unidad de Pensiones de la OCDE.

Apella coincidió con esa propuesta y dijo que la creación de una pensión universal en la vejez es “importante” por las inequidades que se generan en un sistema de reparto financiado con recursos provenientes de rentas generales. La necesidad de avanzar hacia “un piso universal de protección social” de carácter no contributivo también fue destacada por Montt. 

A este respecto, los expertos internacionales coincidieron en la necesidad de que el diseño de esta cobertura reconozca también el valor de los aportes efectuados, para evitar el desincentivo al trabajo formal.

Decisiones clave y la importancia de la comunicación

Cuántos puntos del PBI la sociedad uruguaya está dispuesta a destinar al sistema previsional y cuál es el costo oportunidad de esa definición obedece a una decisión de política pública, explicó Apella, ya que los recursos que se destinan a un área se dejan de destinar a otra.

Alves coincidió en abordar la relevancia del tema, estableciendo que Uruguay tiene la necesidad de orientar fondos a grupos de la población, como los jóvenes, que tienen “privaciones de bienestar”. Y esas partidas presupuestales se relacionan con inversiones en capital humano que permitirán al país tener “mayores ingresos y a las futuras generaciones tener mayores jubilaciones”.

Por su parte, Bosch abordó la importancia “central” de “determinar la ambición del sistema” y de comunicarla sistemáticamente a la población.  Esta práctica daría una responsabilidad al individuo y a la sociedad de monitorear, vigilar y atender si los derechos que van generándose permitirán o no lograr los niveles de beneficio esperados.

En esta línea, los expositores se refirieron a aspectos políticos y de comunicación asociados a las reformas previsionales.

Montt advirtió que los cambios en los sistemas previsionales deben sustentarse en acuerdos fundados en el diálogo social y deben dar lugar a procesos políticos que logren “manejar las expectativas ciudadanas”.

Sobre ese punto, Antolín sostuvo que es “esencial” explicarle a la población por qué se necesitan reformas, qué es lo que proporciona el sistema y cómo está organizado. Cada una de estas interrogantes requiere "una campaña de comunicación distinta", aseguró.  

En tanto, Bosch consideró que los desafíos planteados en el Informe de Diagnóstico elaborado por la CESS —al que elogió por su contenido, al igual que los demás expositores— no se solucionan con “una sola reforma”. “Muchas veces la ambición de solucionarlo todo en ‘la reforma de pensiones’ puede ser contraproducente”, advirtió. Por lo tanto, recalcó la relevancia de comunicar al legislador, al Ejecutivo y a la ciudadanía que lo que se iniciará es un “proceso de reformas” que tendrá que “adaptarse a lo largo del tiempo”.

Apella, por su parte, destacó que la búsqueda de un consenso social y político es el “pilar base” para encarar una reforma previsional. Y afirmó que la conformación de una comisión “a la uruguaya’”, refiriéndose a las características de la CESS, constituye un “gran primer paso” para implementar cambios en materia de seguridad social y un ejemplo para procesos similares en otros países.

 

 

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• El diagnóstico de la previsión social uruguaya y posibles líneas de reforma